En las últimas semanas los colombianos han multiplicado escenarios para opinar sobre el racismo y la discriminación. Ha brotado la sensibilidad social frente a vetos carentes de razón, que infortunadamente causan en nuestra cultura tratos humillantes y agresivos. La raza, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, la religión, la ideología, entre otros, son diferencias con las que se convive en aparente tolerancia, pero que en el día a día motivan tratos degradantes. (diariodelhuila.com)
La incidencia de esas conductas que afectan la dignidad es de tal magnitud, que la Corte Constitucional ha conocido tutelas con las que se invoca la protección de derechos fundamentales. Un grado máximo con el que la Corte ha exigido la protección frente a la discriminación tuvo lugar en 2005, cuando exhortó al Congreso de la República para que, a la “mayor brevedad posible”, tramitara un proyecto de ley orientado a sancionar las prácticas o conductas de segregación racial conforme a la Convención Internacional de 1969.
La atención a ese llamado de la Corte, justifica que el año pasado hayamos presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley para penalizar el racismo, al que se sumaron discriminaciones por sexo, ideología y religión, entre otras causas. Su propósito es incentivar el surgimiento de una cultura de convivencia con respeto.
La convivencia con respeto tiene dos caras. Por un lado, evita que se descalifique, estigmatice o margine por la apariencia o cualquier causa de identidad individual, como la religión o el sexo. El negar el acceso a lugares públicos, el impedir que personas de una raza se vinculen a una ocupación o el demeritar el trabajo por razón de la personalidad e identidad, son conductas extrañas a una convivencia de calidad.
Igual importancia tiene el que la convivencia con respeto evita usar las diferencias para provocar a quienes tienen enfoques distintos de la vida. Así, por ejemplo, un joven con una ideología política no puede imponerla en su salón de clase, so pretexto de su derecho a no ser discriminado. La convivencia con respeto no margina la diferencia, pero tampoco la impone.
De allí que el proyecto de ley que ha ocupado al Congreso y al conjunto de la opinión pública en las últimas semanas, responda a un reto de equilibrio entre equidad y libertad. Equidad, pues combate los vetos provocados y multiplicados por la discriminación. Libertad, porque asegura que la superación del veto no significa abolir el respeto.
La garantía de superar los vetos y, a su vez, mantener el respeto, puede ser alimentada por la ley tal como lo propone la iniciativa que con tanto esmero ha sido debatida en estos días, pero sólo podrá ser sostenible en una cultura renovada, cuya construcción en Colombia no puede ser aplazada por más siglos.
