Por: Carlos Alberto Baena - Diario del Huila
Desde el primer trimestre de 2011, el País ha asistido al debate sobre la educación superior. A raíz de la propuesta de reforma a la ley 30, que desde 1992 regula las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas, los rectores, estudiantes, profesores y personal administrativo de esos organismos, han puesto sobre la mesa aspectos que invitan a la reflexión nacional acerca de la educación como valor vital del individuo y transformador de la sociedad.
El análisis ha mostrado esquinas opuestas en la política educativa. De entrada, revivió la discusión en relación con la privatización de la educación, que no enfrentó a universidades públicas y particulares, pues llama la atención cómo rectores de instituciones con uno y otro carácter han estado del mismo lado al analizar distintos aspectos de la Reforma. Los argumentos alusivos a la privatización se refieren a la financiación que haría cada vez más dependientes a las instituciones oficiales de los recursos que generen por sí mismas o de los que el sector privado invierta en ellas, o del acceso al crédito por parte de los estudiantes y sus familias.
De fondo está reconocer que la educación ha de ser siempre un bien público de protección especial, que permita la realización de fines como la generación de conocimiento, basado en la investigación, la formación integral y no sólo profesionalizante, sustentada en la docencia, y los vínculos entre academia y sociedad, reconocida como la extensión. De allí que resulte justificado preguntarse si una forma de financiación limita el alcanzar esos propósitos, y si afecta la autonomía necesaria para que el saber se construya y se difunda.
En la revisión de las sumas actuales a asignar a las universidades públicas, se destaca su insuficiencia para cubrir obligaciones pensionales y para aumentar la cobertura, que según lo informan las instituciones, ha sido a costa de sus propios esfuerzos. Se compara ese déficit con el crecimiento del presupuesto en sectores como el minero y la defensa. No hay duda que la asignación mayoritaria de dineros públicos indica las prioridades estatales, por lo que luego de décadas de énfasis en otros ámbitos, es válido considerar su aumento en el sector educativo.
La cuestión que convoca al Congreso de la República y a la sociedad toda por estos meses, no es ya una discusión acerca de la educación formal, es un reto para avanzar a la educación vital, un valor humano y social en el que Colombia tiene mucho por recorrer.
