Por: Senador Carlos Alberto Baena
Dos hechos infortunados, relacionados con el agua, han puesto a Manizales en el primer plano de las preocupaciones nacionales en el último mes. La suspensión del suministro de agua por 17 días para casi la totalidad de la Ciudad y el derrumbe en el barrio Cervantes, que dejó sin vida a cerca de cincuenta personas y sin vivienda a más de 35 familias, reiteran que la riqueza hídrica tiene que acompañarse con la gestión adecuada de otros recursos naturales, de los servicios públicos y de los asentamientos urbanos en general.
Para el caso del derrumbe que afectó al barrio Cervantes, poco se puede remediar, pero sí hay mucho que prevenir. Las ciudades colombianas, casi sin excepción, son asentamientos ubicados en zonas montañosas, habitadas por millones de personas. Su nivel de riesgo es de los más altos del Mundo por las condiciones del territorio y se hacen más proclives a desastres, ante el cambio climático y la abundancia de lluvias y aguas mal manejadas.
Más allá de las responsabilidades que los organismos de control deben establecer y sancionar, la gestión del riesgo, de los recursos naturales y de los servicios públicos siguen estando en la agenda de mejoramiento. Un enfoque de gestión financiera no es suficiente, la venta de acciones al público o las inversiones en otros países, no son el indicador primero de calidad en servicios. Las emergencias del País en el último año, han ratificado que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como finalidades sociales de la acción estatal y de los servicios que prestan los particulares, tiene un largo trecho por recorrer.
La prestación inadecuada de los servicios, no puede mantenerse en la historia. En 1874 una empresa colombo-americana, American Gas Company, asumió el alumbrado en Bogotá y 15 años después, según lo recuerda una publicación de ANDESCO, apenas había instalado 20 faroles en toda la ciudad. Ciento treinta y siete años después, obras que no corresponden con las cuencas hidrográficas, señaladas recientemente por la CEPAL y, en general, la brecha entre recursos naturales e infraestructura, no deberían oponer la riqueza natural con su gestión empresarial, sea esta pública o privada.


