Carlos Alberto Baena - Senador de la República de Colombia

La discusión sobre la educación superior, la precaria acción estatal para superar y prevenir las afectaciones del invierno, y los delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, entre otros hechos, se presentan como una secuencia que obliga a pensar sobre el Estado que tenemos y el que necesitamos.

Hace cerca de dos décadas, cuando apenas se extendía el discurso sobre la globalización, se hablaba del fracaso del Estado benefactor, aquel que atendía las necesidades de sus ciudadanos, prestando directamente los servicios a sus ciudadanos, desde los bancarios hasta alimentarios. Si bien las instituciones colombianas no alcanzaron a constituir un estado bienestar comparable con el norteamericano o el europeo, sí se trataba de un estado grande, acusado de corrupción y paquidérmico. Se afirmó entonces la necesidad de reducir el tamaño organizacional, privatizar empresas y servicios oficiales, focalizar el gasto social en los más pobres, abrir la economía y reducir a su mínima expresión la regulación estatal, entre otros.

En veinte años, el papel del Estado pasó de proveedor a interventor, a revisar que los particulares cumplan funciones de acuerdo con el encargo oficial. Esa labor de verificación, está precedida de la planeación y diseño de políticas y mecanismos para su cumplimiento, que son inherentes a la responsabilidad estatal. Lo cierto es que aunque el Estado ha cambiado, el balance de su lentitud y su corrupción parece agravarse o por lo menos se ha hecho más visible.

Los dos paradigmas del Estado, más conocidos e implementados en el mundo occidental en los últimos cien años, no dejaron a la ciudadanía contenta ni en el país ni fuera de él. El movimiento de los indignados, las tesis sobre el fin de la historia y el vacío de objetivos de interés común, son apenas una mínima expresión de los retos que persisten para la organización política. Para Colombia, el logro de funciones básicas del Estado, como la seguridad, sigue siendo puesto en entredicho, por lo cual el énfasis de las preocupaciones públicas necesita ser redefinido.

Ante el inicio de un nuevo periodo para las administraciones locales y de desafíos para el gobierno nacional, es preciso que la gestión pública deje atrás la visión sobre su organización como la prioridad de su acción. La respuesta a las exigencias históricas al Estado, puede hallarse no tanto en la estructura de las organizaciones, como en su enfoque a la finalidad de servirle al ciudadano, combinando su carácter de proveedor e interventor, y las demás que resulten necesarias para cumplir el fin principal que es el de satisfacer el interés general de sus sociedades.