Servicio Vs. Beneficio
Carlos Alberto Baena López
La Superintendencia de Servicios Públicos acaba de divulgar que el año anterior aumentó el total de sanciones impuestas a empresas de ese sector. También destacó que en 2011 se presentó un 8% de quejas más que en 2010. El crecimiento de los requerimientos y el de las sanciones, muestra una mayor actividad ciudadana de control, y más inspección y vigilancia por parte del Estado, lo que resulta lógico en una sociedad que entiende el servicio como un derecho del que depende su calidad de vida.
El vínculo entre servicios públicos y la forma de vivir es determinante, al punto que es uno de los criterios que sirve para la evaluación mundial de las ciudades. En el informe de calidad de vida de 2011, entre 211 ciudades, Bogotá se ubicó el puesto 130. Una señal de lo mucho que hay por mejorar en el contexto nacional.
La íntima relación entre servicios públicos y la manera en que vivimos en Colombia, conduce a poner en primera plana las decisiones de las autoridades territoriales. Incrementar o reducir los subsidios para los estratos más bajos, o autorizar la creación de empresas para la gestión de planes departamentales de agua, son algunas de las determinaciones que se ventilan con mayor frecuencia por estos días en las asambleas y concejos. Al lado, aparecen solicitudes de autorizaciones para privatizar empresas o debates por la insuficiencia de suministro de energía, por el riesgo innegable de instalar poliductos o gasoductos en zonas habitadas, o por el derecho o no de los municipios a cobrar el alumbrado público.
A donde se mire, los servicios domiciliarios ocupan lugares principales en las agendas públicas y en los gastos habituales y más impactantes de las familias. Esa relevancia creciente, exige que los servicios recuperen presencia en las decisiones nacionales. Ahora la tienen con las sanciones que impone la Superintendencia y con las normas que emiten las Comisiones de Regulación, pero también el Congreso está llamado a alimentar debates y reglas sobre la materia.
En 2012 el Legislativo decidirá la creación de acciones judiciales especializadas en servicios y definirá dotar a los concejos de mayor capacidad de control sobre las empresas. Esas decisiones políticas sobre los servicios públicos, superan la concepción que los destaca como un beneficio y los ubica al nivel de asuntos con derecho a la mejor protección.
